miércoles, 29 de julio de 2026
México

Crece hermetismo en el Senado ante alza de recursos de revisión

Durante el primer trimestre de 2026, el Senado de la República acumuló más de mil recursos de revisión por falta de transparencia en sus gastos.

Redacción El Mirador
Foto: excelsior.com.mx

El Senado de la República enfrenta un creciente cuestionamiento por parte de ciudadanos y organizaciones civiles debido a la opacidad en el manejo de sus recursos financieros. Durante el primer trimestre de 2026, la Cámara Alta registró mil 204 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, derivados de la negativa del recinto legislativo para transparentar el uso de los fondos públicos asignados a sus actividades.

Esta cifra refleja una tendencia al alza en las quejas ciudadanas que buscan conocer el destino de los gastos operativos, viáticos y asignaciones presupuestales de los legisladores. A pesar de la normativa vigente que obliga a los entes públicos a mantener una rendición de cuentas clara, el Senado ha optado por clasificar información que, según diversos colectivos de transparencia, debería ser de carácter público y accesible para cualquier ciudadano interesado.

Especialistas en derecho parlamentario señalan que el incremento en los recursos de revisión es una señal clara de la desconexión entre la administración del Senado y el derecho de la población a conocer cómo se erogan los recursos del erario. La negativa sistemática a entregar reportes detallados ha generado tensiones institucionales, obligando a los organismos garantes a intervenir con mayor frecuencia para exigir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Por su parte, el equipo administrativo de la Cámara Alta ha manifestado que la reserva de cierta información responde a criterios de seguridad y logística operativa interna. No obstante, los grupos parlamentarios han propuesto mesas de diálogo para revisar los procesos de gestión de datos, buscando equilibrar la protección de la información sensible con la demanda social de mayor apertura y claridad en los ejercicios de gasto del Poder Legislativo.

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