Ernesto Ruffo continúa en audiencia por presunto huachicol fiscal

Este domingo 19 de julio de 2026, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continúa compareciendo ante un juez federal en el marco de la audiencia inicial por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal. La Fiscalía General de la República ha presentado elementos que vinculan al político con irregularidades financieras relacionadas con la comercialización ilícita de combustibles, un delito que ha sido prioritario en la actual agenda de combate a la corrupción del Gobierno Federal.

Durante la sesión judicial, el Ministerio Público Federal argumentó la necesidad de aplicar medidas cautelares estrictas debido a la magnitud del daño patrimonial presuntamente causado a las arcas públicas. Fuentes cercanas al caso han señalado que, de dictarse la vinculación a proceso, la autoridad judicial podría ordenar el traslado del imputado al Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como El Altiplano, bajo estrictos protocolos de seguridad.

La defensa legal de Ruffo Appel ha intentado desestimar los cargos argumentando que las acusaciones carecen de sustento técnico suficiente para justificar una medida de prisión preventiva. Por su parte, los representantes del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han mantenido su postura sobre la existencia de pruebas documentales que acreditan una evasión sistemática en la cadena de distribución de hidrocarburos durante el periodo investigado.

El desarrollo de esta audiencia mantiene expectante a la opinión pública, dado que se trata de una figura histórica de la política en el norte del país. Se espera que en las próximas horas el juez de control determine si existen los elementos suficientes para formalizar el proceso penal y definir el centro penitenciario donde el exmandatario estatal deberá cumplir con la medida cautelar que se le imponga.

Este proceso forma parte de una serie de investigaciones que la Fiscalía General de la República ha intensificado recientemente contra exfuncionarios y empresarios involucrados en el mercado ilícito de combustibles. Las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar que los delitos que afectan la soberanía energética del país sean sancionados conforme a derecho, sin distinciones de filiación política.