Gobierno de Baja California asegura más de 8 mil armas de fuego

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó este viernes 31 de julio que durante el presente año se han logrado asegurar más de 8 mil armas de fuego en la entidad. Esta cifra es el resultado de la coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad estatales y las autoridades federales, incluyendo el trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con el objetivo de reducir el tráfico ilegal de armamento en la región.

Durante su informe sobre los avances en materia de seguridad, la mandataria estatal destacó que el retiro de estas armas de las calles es un componente fundamental para disminuir los índices de violencia. La estrategia se ha centrado en puntos estratégicos de vigilancia y en operativos de inteligencia que buscan desarticular las redes de suministro de grupos delictivos que operan en los distintos municipios del estado.

Las autoridades explicaron que el armamento asegurado incluye diversos calibres, desde armas cortas hasta fusiles de asalto, los cuales han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. Este esfuerzo se alinea con la política nacional de seguridad que busca el control estricto de los insumos bélicos que ingresan de manera ilícita al territorio mexicano.

Además del aseguramiento, el gobierno estatal subrayó que se mantiene la colaboración permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para fortalecer los protocolos de vigilancia en las zonas fronterizas. La gobernadora reiteró que el compromiso de su administración es continuar con las acciones de inteligencia para garantizar la paz y el orden público en Baja California, priorizando siempre el bienestar de las familias locales.

Finalmente, se enfatizó que los operativos continuarán en los próximos meses con un enfoque en la prevención del delito y el fortalecimiento de las corporaciones locales. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas, reafirmando que la seguridad es una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad civil.