Maru Campos acusa a Marina del Pilar Ávila de traición a la patria

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó este viernes una serie de señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, acusándola de incurrir en el delito de traición a la patria. Según lo expuesto por la mandataria chihuahuense, existen elementos que sugieren una filtración de información sensible sobre estrategias de seguridad pública, la cual habría sido utilizada como moneda de cambio para obtener beneficios personales y evitar procesos legales.

El pronunciamiento de Campos se da en un contexto de tensiones políticas entre ambos gobiernos estatales. De acuerdo con la postura emitida por el equipo de comunicación de la administración de Chihuahua, estas acciones vulneran la soberanía de las estrategias de seguridad nacional y afectan la coordinación que debe existir entre las entidades federativas y la Federación a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La gobernadora de Chihuahua enfatizó que el manejo de datos de inteligencia sobre el combate a la delincuencia organizada debe estar estrictamente regulado y protegido por las leyes vigentes. Al respecto, el entorno de la mandataria estatal indicó que se ha solicitado una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes para determinar si existió una entrega indebida de archivos confidenciales que comprometa la integridad de los operativos en la región fronteriza.

Por su parte, el gobierno de Baja California no ha emitido una respuesta oficial detallada sobre los señalamientos específicos de traición, aunque fuentes cercanas a la administración estatal han calificado las declaraciones como parte de una estrategia política ajena a los hechos. Se espera que en los próximos días la Fiscalía General de la República (FGR) sea la instancia encargada de determinar si se abrirá una carpeta de investigación formal ante las graves acusaciones vertidas.

Este conflicto institucional pone de relieve la fragilidad en los canales de comunicación entre gobernadores de distintas regiones del país ante el fenómeno de la inseguridad. La clase política nacional permanece a la expectativa sobre las pruebas que podrían presentarse para sustentar estas imputaciones, las cuales, de ser confirmadas, representarían un precedente inédito en la relación entre los estados miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores.