Presidenta cuestiona regreso del gobernador Rubén Rocha Moya a Sinaloa

La presidenta de la República manifestó esta mañana su desacuerdo respecto a la reciente reincorporación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a sus funciones estatales. Durante su conferencia matutina de este martes 25 de agosto, la mandataria calificó la decisión del funcionario como un acto de carácter personal e imprudente, destacando que el regreso se efectuó sin previo aviso ni coordinación con el gobierno federal.

La jefa del Ejecutivo federal fue enfática al señalar que no ha sostenido comunicación con el gobernador sinaloense y descartó que exista una agenda programada para dialogar próximamente sobre este tema. Esta postura marca una distancia institucional en un momento en que la entidad atraviesa desafíos complejos en materia de gobernabilidad y seguridad, temas que son monitoreados de manera permanente por la Secretaría de Gobernación y las fuerzas de seguridad federales.

El gobernador Rocha Moya, quien retomó sus actividades tras un periodo de ausencia, enfrenta cuestionamientos sobre la oportunidad y las formas de su retorno a la administración estatal. Fuentes cercanas al equipo de trabajo del gobernador han sugerido que su reincorporación responde a la necesidad de atender asuntos administrativos pendientes, sin ofrecer mayores detalles sobre la falta de comunicación con Palacio Nacional.

Mientras tanto, la administración federal ha reiterado que el enfoque principal en Sinaloa continúa siendo el fortalecimiento de la seguridad mediante la presencia de la Guardia Nacional y la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. La falta de alineación entre el Ejecutivo estatal y la Presidencia añade un elemento de incertidumbre política en la región, en un contexto donde se busca estabilizar la situación social y evitar mayores riesgos para la ciudadanía.

Por el momento, no se han dado a conocer medidas adicionales por parte de las autoridades federales respecto a la gestión del estado, más allá de la vigilancia constante que mantienen las instituciones de seguridad. La relación entre ambos niveles de gobierno permanece bajo la atención de la opinión pública, a la espera de que se definan los mecanismos de coordinación institucional para los meses venideros.