Proponen impedir que deudores alimentarios ocupen cargos públicos en CDMX

Legisladores capitalinos presentaron una propuesta para modificar los requisitos de acceso a la administración pública en la Ciudad de México, con el objetivo de prohibir que deudores alimentarios y agresores sexuales puedan ocupar cargos de elección popular o puestos de mando. La medida busca fortalecer la integridad del servicio público y garantizar que quienes ejerzan funciones de gobierno cumplan con estándares éticos fundamentales en su vida privada y pública.

La iniciativa establece que cualquier persona con una sentencia firme por violencia sexual, violencia familiar o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, registrada en el padrón correspondiente, quedaría inhabilitada para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público local. De acuerdo con el equipo técnico que promueve el proyecto, el propósito central es cerrar espacios a quienes han vulnerado el núcleo familiar y los derechos de las infancias, alineándose con criterios de responsabilidad civil.

El documento presentado ante el Congreso de la Ciudad de México enfatiza que el servicio público requiere perfiles que gocen de probidad, por lo que la restricción funcionaría como una garantía de que el comportamiento de los funcionarios no contraviene el bienestar social. La propuesta sugiere que los aspirantes deban acreditar, mediante los certificados expedidos por las autoridades judiciales, que no se encuentran en los supuestos de morosidad o sentencias por violencia de género.

Aunque el debate legislativo apenas comienza, diversos sectores sociales han expresado su interés en la viabilidad de esta normativa para evitar que personas con antecedentes de violencia ocupen posiciones de poder. Los legisladores promotores esperan que el análisis en comisiones avance en los próximos meses, permitiendo la creación de un marco normativo que refuerce los candados legales existentes para el acceso a la función pública en la capital del país.