Registran 76 asesinatos de servidores y políticos en cinco meses de 2026

Entre enero y mayo de 2026, un total de 76 personas vinculadas al ámbito político y a la administración pública han sido asesinadas en México, consolidando una tendencia de violencia que afecta diversas entidades del país. La cifra, que abarca tanto a funcionarios en activo como a familiares directos de los mismos, refleja los riesgos que enfrenta el ejercicio del servicio público en regiones con alta incidencia delictiva. Este fin de semana, la jornada se vio marcada por el hallazgo de los cuerpos de varios funcionarios municipales en Fresnillo, Zacatecas, un suceso que ha movilizado a las autoridades estatales y federales. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, realizó el levantamiento de los cuerpos y el procesamiento de la escena para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura detallada sobre los motivos específicos de este múltiple homicidio, manteniendo el hermetismo propio de las indagatorias en curso. Este episodio se suma a la estadística acumulada en lo que va del año, donde la violencia ha impactado tanto a niveles municipales como estatales. El fenómeno de la violencia contra el sector público ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, quienes han instado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fortalecer los protocolos de protección para quienes desempeñan labores de seguridad y administración local. Por su parte, los gobiernos estatales han manifestado su disposición para colaborar con el gobierno federal en la implementación de estrategias de inteligencia que permitan inhibir estos ataques. Se espera que en los próximos días, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad analice estos casos para ajustar los despliegues operativos en las zonas donde se ha detectado mayor vulnerabilidad para los funcionarios. La situación mantiene bajo vigilancia a diversas regiones del país donde la disputa por el control territorial ha derivado en agresiones directas contra el aparato gubernamental.