SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al establecer que las desapariciones de mujeres defensoras de derechos humanos deben ser juzgadas obligatoriamente con perspectiva de género e interseccionalidad. Este fallo, dictado este miércoles, sienta un precedente judicial al determinar que la aplicación de estos criterios no es una opción discrecional para los juzgadores, sino una obligación constitucional para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia.

La determinación de la Corte subraya que los casos de desaparición que involucran a activistas requieren un análisis diferenciado que tome en cuenta las vulnerabilidades específicas y los riesgos asociados a su labor. Al integrar la interseccionalidad, los órganos jurisdiccionales deberán considerar cómo factores como la condición social, el entorno geográfico y el activismo político influyen en la naturaleza de la violencia sufrida, evitando que los prejuicios sociales invisibilicen las causas de fondo.

Con esta medida, el alto tribunal busca combatir la impunidad que históricamente ha rodeado a las agresiones contra mujeres que defienden causas ambientales, territoriales o de justicia social en diversas entidades de México. La resolución instruye a las fiscalías y tribunales a abandonar estereotipos que suelen minimizar estos crímenes, exigiendo que las investigaciones se realicen con un rigor técnico adaptado a la realidad de las víctimas.

Especialistas en derecho constitucional señalan que este criterio obligará a una reevaluación de los protocolos operativos dentro de las fiscalías estatales y federales. La instrucción del pleno es clara en cuanto a que la omisión de estos enfoques constituye una violación al derecho a la justicia, lo que podría derivar en sanciones para las autoridades que no cumplan con el estándar de investigación reforzada.

La Suprema Corte enfatizó que el Estado tiene el deber de remover los obstáculos que impiden el esclarecimiento de estos hechos. Esta resolución representa un paso significativo en la armonización de las sentencias nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos, reforzando la protección hacia quienes dedican su vida a la defensa de las garantías fundamentales en contextos de alta peligrosidad.