Sentencian a 29 años de prisión a lugarteniente de Joaquín Guzmán
Un juez federal dictó una sentencia de 29 años contra un operador clave del Cártel de Sinaloa por delitos vinculados al crimen organizado.

Un juez federal dictó este lunes una sentencia de 29 años de prisión en contra de Noel Salgueiro Nevárez, conocido como “El Flaco Salgueiro”, tras ser hallado culpable de diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada. La resolución judicial marca el cierre de un proceso penal prolongado en contra de quien fuera señalado como uno de los lugartenientes principales de la estructura operativa de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el norte del país.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Poder Judicial pruebas suficientes que acreditaron la participación del sentenciado en actividades ilícitas de alto impacto. La investigación, encabezada por agentes del Ministerio Público Federal, permitió documentar la responsabilidad del imputado en la coordinación logística y operativa de grupos delictivos que operaban bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa, consolidando así la sentencia dictada en los tribunales federales.
Durante el proceso, el Poder Judicial evaluó los elementos presentados por la FGR, los cuales vincularon a Salgueiro Nevárez con el despliegue de violencia y el control de rutas estratégicas para el trasiego de sustancias ilícitas. La defensa del sentenciado tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos ante el juez de la causa, quien finalmente determinó la pena privativa de libertad que deberá compurgar en un centro federal de readaptación social bajo estrictas medidas de seguridad.
Este fallo se enmarca dentro de las acciones que las autoridades federales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantienen para desarticular las células operativas de los grupos delictivos que han afectado la paz social en diversas entidades federativas. Las autoridades han reiterado que el proceso penal busca garantizar el debido cumplimiento de la ley frente a los delitos que atentan contra la seguridad pública y el orden constitucional.
Tras darse a conocer la sentencia, no se han reportado alteraciones al orden público en los alrededores de las instalaciones judiciales. Las instituciones encargadas de la procuración de justicia mantienen la vigilancia en los protocolos de traslado y custodia del sentenciado hacia el centro penitenciario donde cumplirá el resto de su condena.
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