Vinculan a proceso a siete personas y tres empresas por muertes en festival

Un juez de control vinculó a proceso a siete personas físicas y tres empresas por su presunta responsabilidad indirecta en el fallecimiento de dos fotoperiodistas durante la edición reciente del festival AXE Ceremonia. La determinación judicial responde a las investigaciones sobre las condiciones de seguridad y la omisión de protocolos de protección civil durante la realización del evento masivo, donde las víctimas sufrieron incidentes fatales mientras desempeñaban su labor informativa.

La resolución del juzgado se basa en las carpetas de investigación integradas por la fiscalía, que señalan presuntas negligencias en la logística y el resguardo de las áreas asignadas a los medios de comunicación. Durante la audiencia, las autoridades judiciales validaron los elementos de prueba presentados, los cuales sugieren que las empresas organizadoras y los responsables operativos no garantizaron las condiciones mínimas de seguridad necesarias para el personal acreditado en el recinto.

Las personas vinculadas, que incluyen a directivos operativos y responsables de seguridad del festival, deberán enfrentar el proceso legal bajo medidas cautelares determinadas por el juzgado. Por su parte, la representación legal de las empresas involucradas ha manifestado que colaborará con la investigación en curso para esclarecer las circunstancias del evento, manteniendo la presunción de inocencia mientras se desahogan las pruebas necesarias en las próximas etapas del juicio.

Este caso ha generado un importante debate sobre las responsabilidades de los organizadores de espectáculos masivos en México respecto a la integridad física de los trabajadores de la comunicación. Organizaciones gremiales han señalado la urgencia de revisar los protocolos de supervisión que las autoridades locales y federales exigen para la autorización de conciertos y festivales de gran escala, con el fin de evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.

El proceso judicial continuará en los próximos meses, periodo en el cual se espera la presentación de nuevos testimonios y peritajes técnicos que determinarán el grado de responsabilidad de cada una de las partes imputadas. Mientras tanto, el caso permanece como un precedente relevante en la exigencia de mejores condiciones laborales y de seguridad para el ejercicio del fotoperiodismo en eventos públicos dentro del país.